Rosa María Palacios
El diálogo entre el abogado arequipeño, Jesús Gómez Urquizo y el Presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, introduce un aspecto siempre sospechado pero nunca probado sobre por qué algunos proyectos mineros prosperan sin mayor oposición ambiental y otros son repelidos con un saldo trágico de muertes, heridos, paralización y resentimiento. ¿Cuál es ese ángulo oculto? El de la corrupción. O para ponerlo en los términos del dirigente antiminero y sus alcaldes aliados, “las lentejas”.
Si hay lentejas para los antimineros, hay proyecto. Si no hay lentejas, no hay proyecto. ¿Cuánto le vale, cuánto le cuestan a Southern las lentejas de Tía María? “Uno y medio”. ¿Soles, dólares? No lo sabemos. ¿Entre cuántos se reparte? No se sabe con precisión, pero aparentemente son tres los que van a estar felices.
Por supuesto Gutiérrez ha negado su voz y el diálogo telefónico. Pero el abogado recuerda toda la conversación y afirma que se dio alrededor de la quincena de abril. Él actuó como mediador. La respuesta de la empresa fue que ellos no trabajaban así. Entonces, adiós lentejas, bienvenida protesta radical.
Es cierto que el agricultor honrado del Valle del Tambo no confía ni en el Gobierno ni en la empresa. Razones hay de sobra. Pero ¿debería confiar en el dirigente y sus lentejas? De esas no le van a llegar ni unita al poblador del valle. No sean ingenuos.
La “licencia social” no existe como trámite administrativo. No se puede solicitar en ninguna ventanilla. Cualquier industria debe desarrollarse en armonía con el bien común y por eso hay largos trámites ambientales y largos procesos de información en las zonas de influencia para la minería, el gas y el petróleo. Lamentablemente, hoy el término “licencia social” ha sido prostituido resultando en la claudicación del Estado de Derecho a manos de personas de “buena voluntad ambiental” liderados por unos “busca lentejas” a los que –en el colmo de la candidez– los otros ni siquiera detectan y siguen como corderitos.
¿Por qué los agricultores no quieren dialogar hace semanas sobre los temas ambientales? ¿Ese no es el centro de la protesta? Van ministros de todas las carteras, se sientan y esperan. Los supuestamente perjudicados se paran y se van. Su única propuesta es “no a la mina Tía María”. Conociendo la conversación que hemos escuchado: ¿Hay un problema ambiental real o es un problema de lentejas?
¿Cuántas lentejas valen en la conciencia de los promotores de la violencia los dos muertos, los casi 150 heridos, los policías en coma, los buses incendiados, las escuelas y los comercios cerrados? ¿Creen que si radicalizan la protesta, la demanda de “uno y medio” subirá?
¿Por qué no hacemos algo menos hipócrita? Aceptemos que el Estado no existe en el Valle del Tambo (o en Conga, o en Tambogrande o donde la antiminería, contraria a la minería moderna y formal, ha triunfado) porque sólo le hace el juego a los radicales aumentando una represión desordenada y sabemos que, como en los casos anteriores, claudicará indefectiblemente. ¿Por qué no autoriza este Estado ausente a que esos radicales pongan su precio? Con total transparencia. La empresa puede pagar estas “donaciones” (coimas por extorsión) y hasta deducirlas como gasto del Impuesto a la Renta.
Los agricultores, en este caso, que han puesto plata para parar Tía María, pueden reclamar su alícuota y los “lentejeros” mudarse al siguiente proyecto de bolsillos grandes para hacer su lentejada sin molestar a toda la sociedad peruana. Nos harían a todos un gran favor.
Institucionalicemos la coima en los proyectos extractivos. Todos sabemos que ya existe, porque si no fuera así, muchos más proyectos –ciertamente, no todos– estarían parados. Esta vez, hay pruebas. Aprovechemos el incidente para hacer transparente toda la operación.
La alternativa, que sería más deseable, es que el Estado no claudique, pero eso está por verse.
