Lluvias, consecuencias y las responsabilidades

Las consecuencias de las intensas lluvias que se dieron en la ciudad de Arequipa el pasado viernes 8, merecen que se analice el comportamiento y las responsabilidades de diferentes instituciones públicas y privadas. No hacerlo es inmoral, aunque se dirá que lo más importante es mirar hacia adelante y superar la desgracia.

Municipalidad Provincial de Arequipa: La mayoría de críticas de la población son en contra de la MPA, en la persona de su alcalde Alfredo Zegarra Tejada. Se le responsabiliza directamente que los intercambios viales están demorando mucho tiempo su ejecución; que no existe dedicación para mejorar la calidad de la infraestructura pública (calles, veredas bermas, torrenteras, alcantarillado); que no se han tomado las medidas preventivas para enfrentar el periodo de lluvias; que existe una mediocre gestión por ausencia de técnicos y profesionales calificados en la gestión municipal; hasta se le responsabiliza por la muerte de 6 personas por negligencia funcional e incapacidad.

Municipalidades Distritales: Excepto 3 ó 4 municipalidades, la mayoría no tiene planes de contingencia frente a desastres naturales; la población aledaña de zonas de riesgo (torrenteras) no está organizada y preparada; se han permitido habilitaciones urbanas en el recorrido de las aguas; se les responsabiliza por haber permitido la reducción de los cauces de las torrenteras.

Gobierno Regional: Se le responsabiliza de inacción y falta de prevención frente a fenómenos naturales; no se percibe liderazgo y proactividad. El cogobierno con los “líderes locales” solo ha traído la desarticulación del tejido social, así como corrupción y mercenarismo.

Sistema de Defensa Civil: Simplemente no cumplió con las coordinaciones preventivas necesarias para enfrentar las lluvias, su actuación siempre se da después del desastre; No se coordinó oportunamente la limpieza de las torrenteras; están más interesados en realizar las inspecciones de defensa civil para las licencias de funcionamiento.

SEDAPAR: Se le responsabiliza por el colapso de las redes de agua y desagüe; es la empresa pública más repudiada por la mayoría de la población arequipeña; esta empresa es percibida como sinónimo de burocracia e incapacidad; en el corto plazo se deberían tomar urgentes decisiones sobre el manejo gerencial y directivo.

SENAMHI: No alerto oportunamente a las autoridades y opinión pública sobre el aluvión del pasado día viernes. Los “saludos hidrológicos” son de mal gusto frente a la desgracia. Menos “figuretismo” y más eficiencia.

Sociedad Minera Cerro Verde: Un sector de la opinión pública responsabiliza a la empresa minera de haber retrasado injustificadamente la ejecución y financiamiento de los intercambios viales; debe aclarar y deslindar públicamente sus responsabilidades.

Servicio de transporte público: Desapareció después de las lluvias, la población no tenía como desplazarse a sus domicilios, lo que aumento el pánico y caos.

Taxis: Simplemente fueron abusivos porque cobraban tarifas exageradas; algunos desadaptados circulaban a gran velocidad, mojando indiscriminadamente a las personas que transitaban por las calles.

Radio emisoras: Solo 2 ó 3 emisoras cumplieron un rol importante en dar a conocer lo que estaba sucediendo, alertando y orientando a la población; la mayoría de radios locales continuaba con su programación normal, como si nada sucedida, incluso había una radio que estaba más interesa en criticar el modelo económico chileno, que en dar cobertura a los hechos que sucedían en Arequipa.

Televisión local: Su cobertura informativa fue nula durante el aluvión, después de las lluvias solo mostraban imágenes de lo sucedido, aunque con serias limitaciones técnicas. No tenemos buena y oportuna televisión local.

Policía Nacional del Perú: Después de las 4 horas de lluvias, en el centro de la ciudad los delincuentes hicieron “feria”, la policía desapareció de las calles; había escaso personal policial que ayude a enfrentar el caos vehicular.

Población: Su principal responsabilidad es haber elegido a mediocres autoridades; haber realizado construcciones y edificaciones sin respetar el medio ambiente, las nuevas construcciones no han tomado en cuenta las lluvias (techos a 2 aguas, drenajes); el egoísmo consumista es su estilo de vida predominante; prevalece la “ley de la selva” del que tiene más plata e influencias; echar la culpa al resto de sus desgracias, es su responsabilidad.
(Con la colaboración de Reynaldo, Nena, Rina, Gonzalo, Paulo y Ale).

Hacia una nueva relación con las industrias extractivas

En su reciente presentación en la Cumbre RIO + 20, el Presidente de la Republica Ollanta Humala Tasso, anuncio la creación de una Comisión Multisectorial que será presidida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que el plazo de 30 días entregue las propuestas legislativas y políticas, orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales para las actividades e industrias extractivas. Ya de regreso en el Perú se expidió la Resolución Suprema Nº 189-2012-PCM.

Serán sus funciones específicas la referida Comisión Multisectorial las siguientes: a). Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de sus órgano rector el Ministerio del Ambiente, para atender adecuada y efectivamente las necesidades de gestión ambiental que requieren la intervención de todas las entidades sectoriales; b). Actualización de las políticas y regulaciones ambientales sectoriales, con especial énfasis en aquellas que impacten directa o indirectamente, en la salud de la población urbana y rural; c). El fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras y sancionadoras de los organismos adscritos; d). Mejora e integración del Sistema Nacional de Información Ambiental; e). Fortalecimiento de la ciudadanía y la educación ambiental.

El Perú es uno de los países que en el mundo que ha tenido un crecimiento económico sostenido, pero basado principalmente en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Sin embargo, este avance económico, no ha ido a la par con el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos los peruanos y el necesario cuidado del medio ambiente. Para que el crecimiento se convierta en desarrollo inclusivo y sostenible, se debe establece una nueva relación con las actividades e industrias extractivas para que el crecimiento económico se realice cuidando y protegiendo el patrimonio cultural y natural del país. Se necesita una nueva visión territorial, donde se pueda gestionar el desarrollo integrado de actividades mineras, el turismo, la ganadería, la agricultura, la forestal, actividades pesqueras, para que puedan integrarse aprovechando ubicación estratégica del país en el continente, para llegar a mercados regionales y mundiales.

Según el Presidente de la Republica “este nuevo enfoque exige innovar la forma de relacionamiento entre nuestro ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión equilibrada del territorio y el uso racional de los recursos hídricos. Esto, en el marco de una nueva relación con las actividades extractivas, al servicio del desarrollo humano, en la línea de nuestros objetivos de inclusión social, tal como hemos anunciado ante el mundo en la Cumbre de Río + 20, y lo reafirmamos ahora, ante el país. Para lograrlo, es fundamental contar con una mejor normatividad que asegure la gobernabilidad ambiental, la modernización de los instrumentos de gestión, su adecuación a nuestra nueva realidad económica, social y cultural y la fiscalización ambiental en todas las operaciones. Pondremos especial énfasis en actualizar las políticas y regulaciones ambientales para evitar impactos en la salud de las poblaciones y para establecer mecanismos de prevención y resolución de conflictos”.

Termino su intervención el Presidente de la Republica en RIO + 20 señalando “que la nueva relación con las actividades e industrias extractivas se involucrará a todos, escucharemos sus demandas, atenderemos sus preocupaciones, dialogaremos y alcanzaremos, estoy seguro, la meta de un país que será modelo no sólo por su crecimiento, sino también, modelo de desarrollo sostenible. De esta manera, recuperaremos la confianza de la población en un Estado capaz de sancionar malas conductas ambientales e incentivar las buenas prácticas, capaz también de intervenir anticipadamente frente a las preocupaciones de la sociedad. El diálogo y la convivencia en el marco del Estado de Derecho, nos garantizarán prosperidad en un contexto de paz y tolerancia, en beneficio de los intereses del país”.

El primer paso debe ser que se cumpla la amplia y frondosa legislación ambiental existente; los gobiernos regionales y locales deben implementar y adecuar la política y el plan de acción ambiental; desde el otorgamiento de la concesión los gobiernos regionales y locales deben estar involucrados; deben funcionar las Comisiones Ambientales como instancias de coordinación; se deben aprobar los Estándares de Calidad Ambiental para suelos y para aguas subterráneas; se debe aprobar el marco legal sobre vigilancia, seguimiento y los monitoreos ambientales; se debe perfeccionar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, haciendo que estos sean más transparentes; hay que incluir los Estudios de Impacto Social; El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental debe jugar un rol más activo y dinámico en la fiscalización y sanción por infracción a la legislación ambiental; se debe establecer un marco regulatorio sancionador por incumplimiento de los acuerdos y compromisos; se debe avanzar firmemente en la constitución de los Consejo de Cuenca para la gestión de los recursos hídricos; se debe establecer un nuevo marco regulatorio para el uso de los recursos provenientes del canon y regalías mineras.

La Comisión Multisectorial creada debe entregar en 30 días las propuestas de normas y políticas, que nos permitan avanzar firmemente en el camino de desarrollo sostenible, para lo cual hay que vencer nuestras diferencias, orientados en el entendimiento, en un clima de paz social, basado en el dialogo, tolerancia, transparencia y respeto mutuo. Habrá que esperar las propuestas legislativas para poder opinar.

La gestión ambiental como problema

La Constitución Política del Perú y la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente (LGA), recogen e incorporan la tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales, así como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de promover una gestión ambiental efectiva que comprenda la salud de las personas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos. Asimismo en su artículo 67 la Constitución Política, establece que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales.

La LGA define a la gestión ambiental como un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.

Igualmente el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en materia ambiental. El SNGA se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. El Ministerio del Ambiente (MINAM) el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Los instrumentos de gestión ambiental vienen a ser los mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental. Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros.

Específicamente se considera como instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los planes de cierre; los planes de contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; los límites máximos permisibles; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación entre otros.

Corresponde al Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Igualmente en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los demás programas y compromisos.

En el reporte del MINAM del año 2010, denominado “Informe situacional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 2010”, pone al desnudo la principal debilidad en la región y provincia de Arequipa. En materia de gestión ambiental estamos a la deriva porque los principales instrumentos de gestión y planificación ambiental (Política Ambiental, Agenda Ambiental y Plan de Acción Ambiental) están desactualizados o no funcionan. En lo que respecta a las estrategias sobre adaptación al cambio climático, conservación de la diversidad biológica, estrategia de lucha contra de desertificación y sequia, muy poco se ha realizado o avanzado. La institucionalidad ambiental es muy débil, desarticulada e interesada. Solo diez distritos de la provincia de Arequipa cuentan con sus respectivos sistemas locales de gestión ambiental funcionando. Eso sí, en las instituciones públicas contamos con kilos de documentos sobre estudios, diagnósticos y buenas intenciones, pero en concreto es poco lo avanzado.

Por el lado de los problemas ambientales específicos en Arequipa, seguimos con la severa contaminación del rio Chili; contaminación del aire se ha incrementado en la ciudad; continua inadecuada gestión de residuos sólidos; la depredación de la campiña avanza inconteniblemente; el uso de agroquímicos es indiscriminado y sin control; las invasiones y la falta de planificación del crecimiento urbano es el común denominador; el servicios de transporte público es un caos y altamente contaminante; el desarrollo y progreso de la ciudad es entiendo como pistas, veredas e intercambios viales; la contaminación y degradación ambiental en general van a seguir avanzando, porque no funcionan el sistema regional y local de gestión ambiental, en mi opinión allí está el gran problema de Arequipa, eso por culpa de autoridades mediocres, incapaces y cortoplacistas.

Entre fantoches, estólidos y falsos

A propósito de los últimos sucesos ocurridos en Espinar y Cajamarca, he tenido la oportunidad de ver, escuchar y leer a los sesudos “analistas” más prestigiados del país, quienes trataban de lucirse con sus análisis e interpretaciones. Hay un fantoche que en televisión por cable dijo tal cantidad de barbaridades, que me obliga por catarsis a hacer algunos deslindes. El sujeto en mención -que según él, trabajó para los servicios de seguridad e inteligencia nacional- afirma que el “movimiento ambientalista es una forma soterrada de subversión”, “que la ignorancia de algunos sectores de la población es el caldo de cultivo para las protestas socio ambientales”, “que importa la defensa y protección del medio ambiente, cuando lo que necesitamos en mas inversión”, “que se debe meter a la cárcel a los ambientalistas” “que se deben eliminar los estudios de impactos ambiental” y otras sandeces que prefiero no seguir.

Pero también se han escuchado opiniones de algunas autoridades y dirigentes populares de las protestas, que bajo el argumento de la contaminación ambiental, reclaman más dinero como una forma de compensación por los supuestos daños ocasionados en el medio ambiente, se denuncian supuestos hechos de contaminación ambiental sin ofrecer pruebas al respecto, se chantajea e intimida a autoridades e instituciones para que acepten sus pedidos, se manipula y desinforma groseramente, bajo las banderas de una seudo defensa del medio ambiente. Frente a la soberbia, mediocridad, ignorancia, tratare de marcar la diferencia con ambos extremos, en la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano, saludable y ecológicamente equilibrado.

El “ambiente” viene a ser todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos bióticos y abióticos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), así como los componentes sociales (cultura, ideología y la economía). Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de “desarrollo sostenible”; esta relación nos permite entender los problemas ambientales para garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.

Una importante vertiente del movimiento ambientalista contemporáneo, se nutre de la llamada “crítica social”, más comprometida con la dimensión social de la sostenibilidad en lo económico, social y ambiental, que a su vez sea soportable, viable y equitativo; es solidario con los países y sectores pobres; cuestiona las bases del crecimiento económico sin redistribución; la utilización y aprovechamiento irracional de los recursos naturales; se cuestiona el individualismo e egoísmo neoliberal. La conciencia ambientalista se va perfilando a partir de esa percepción de los efectos negativos de proceso de crecimiento e inversión, que no llega a todos y todas, haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, aunque los adulones, arribistas y bellacos defienda el status quo y atacan a los defensores del medio ambiente.

El reclamo y protesta de importantes sectores de la población tienen sustento en cierta forma, el problema está en la manera como se dirige y canaliza ese justo reclamo. Ahí entran a tallar los liderazgos de los seudo ambientalistas, que hasta hace algunos años “confundían un poste con árbol”, ahora son los defensores a ultranza del medio ambiente y los recursos naturales. Solo buscan el protagonismo mediático y obtener beneficios económicos y/o personales a cambio de la supuesta contaminación ambiental denunciada, la defensa del medio ambiente es solo un pretexto. Hay que desenmascarar a estos picaros, embusteros, inmorales y seudoambientalistas.

Por el lado de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, recogen e incorporan la tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales, así como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de promover una gestión ambiental efectiva que comprenda la salud de las personas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos. Un elemento clave es la gestión del medio ambiente, por ello uno de los objetivos prioritarios de la gestión ambiental en el Perú, es la prevención, el control y la vigilancia para evitar la degradación y contaminación ambiental. La lucha por un medio ambiente sano y saludable es irrenunciable, pero tiene que hacerse con las herramientas democráticas de un estado de derecho, que tenga a su base la información oportuna y confiable, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la tolerancia y respeto a las diferencias. Todo ello desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

Seguramente este articulo despertará iras y pasiones, pero como escribía el gran poeta arequipeño Alberto Hidalgo en 1937, en el Diario de mi Sentimiento, Buenos Aires, edición privada, pp. 149-156, los vocablos gruesos -utilizados en éste articulo- no están en la lengua para abultar el tomo del diccionario, sino para que, ante el motivo miserable, el escritor pueda alzarlos hasta la altura del arte.