El Ministerio de Agricultura (MINAG) publicó el Dec. Sup. Nº 003-2011-AG, el pasado 15 de abril, norma que aprueba el Reglamento de Bioseguridad para Actividades Agropecuarias o Forestales, es decir la regulación, el uso y actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM), conocidos como transgénicos. La presente norma deja abierta las puertas al ingreso de transgénicos sin el adecuado control de los riesgos a la salud, la biodiversidad y la economía del país. Mas cuando se tiene evidencias de la presencia de cultivos transgénicos introducidos ilegalmente en nuestro país sin realizar ninguna evaluación de riesgos por parte de las autoridades competentes, lo cual con este reglamento lo que quieren promover las autoridades del MINAG, es la legalización de estos cultivos en nuestro país ante la presión de grupos interesados, a pesar de la oposición de diversos sectores académicos, productores y sociedad civil.
La Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de generar consensos sobre una tecnología que en nuestra realidad geográfica, de biodiversidad genética y cultural y de una agricultura familiar predominante, no va retribuir beneficios sino más bien va generar serios efectos en la perdida de nuestra biodiversidad por la tendencia a la homogenización de los cultivos y la contaminación genética con nuestros cultivos locales, generación de dependencia en el manejo de las semillas, y la presencia de plagas y malezas resistentes, acelerando los procesos que actualmente viene sufriendo los agricultores en el campo.
Ante estos riesgos resulta irresponsable la decisión tomada por el MINAG de aprobar un reglamento para iniciar las evaluaciones de riesgos y autorizaciones del ingreso de cultivos transgénicos en el país, tomando estas decisiones de manera sectorial, desconociendo que esta tecnología puede generar efectos en la salud de las personas, en el ambiente y trasgredir los aspectos socioculturales. Con esta decisión el MINAG se somete a las presiones de las empresas transnacionales que a nivel de América Latina han logrado introducir los cultivos transgénicos, a pesar de las limitaciones de recursos humanos e infraestructura que tienen las autoridades competentes para realizar una evaluación de riesgos seria y responsable que nos garantice a todos que los cultivos que se van liberar sean inocuos a la salud, que no afecten el ambiente y los aspectos socioculturales. Además el MINAG debe garantizar el monitoreo y detección de cultivos transgénicos en el campo y tener la capacidad de evaluar sus impactos en el ambiente.
Con la aprobación de este reglamento el MINAG hace oídos sordos de las propuestas de diversos sectores desde el Estado como algunos gobiernos regionales, productores y de la sociedad civil de posponer la decisión de autorizar el ingreso de transgénicos en el país a través de una MORATORIA y así resguardar nuestra biodiversidad como patrimonio mundial, lo cual nos permitirá enfrentar los retos de garantizar la seguridad alimentaria, el cambio climático y alcanzar un desarrollo sostenible equitativo reconociendo nuestra realidad e identidad cultural.
Una vez más este gobierno aprueba un reglamento que regula el uso de los transgénicos de manera inconsulta, pues el texto no ha sido conocido por los actores involucrados (Gremios de productores, sectores académicos y grupos ambientalistas), aprobándose entre gallos y medianoche promovida por los asesores del Ministerio de Agricultura e INIA, donde predominan intereses comerciales ligados al Ministro de Economía, Ismael Benavides.
Frente a la imposición de cultivos transgénicos en nuestro país demandamos la DEROGATORIA de la norma y que se asuman los riesgos con indemnizaciones para las personas y/o biodiversidad que resulten afectadas como consecuencia de su aplicación a través de la aprobación inmediata de una Norma de Responsabilidad y Compensación por Daños Generados por OVM. Asimismo, reafirmamos nuestra posición en la aprobación de una MORATORIA por parte del legislativo para tener un periodo de tiempo para evaluar los riesgos en el largo plazo de los OVM antes de ser liberados y de generar consensos que reconozcan nuestra diversidad genética y cultural en bien del país. Y también pedimos a las demás instituciones competentes, como el MINAM pronunciarse al respecto, de igual modo a los candidatos presidenciales Ollanta Humala y Keiko Fujimori.