Para el próximo 13 de octubre, el Colegio de Abogados de Arequipa ha convocado a una “Consulta por el Fortalecimiento de la Administración de Justicia en Arequipa”, con el objetivo de evaluar con objetividad, transparencia y profesionalismo a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico. Esta consulta se realiza después de 5 años en Arequipa. Se espera que cerca de 400 magistrados entre jueces y fiscales, sean evaluados mediante un sistema electrónico.
Los Colegios de Abogados son responsables del adecuado ejercicio y representatividad de la sociedad civil en la administración de justicia. El abogado representa a la comunidad jurídica y este exige objetividad y transparencia de los encargados de la administración de justicia. Este tipo de evaluación se ajusta a ley, como en cualquier sistema democrático, donde todos somos evaluados por nuestro trabajo.
Sin embargo la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, mediante un comunicado que contiene términos ofensivos, ha rechazado la evaluación propuesta para el próximo 13 de octubre. Vale la ocasión para recordar un diagnostico que en versión digital, llego a mis manos tiempo atrás (www.justiciaviva.org.pe/jvnn/oficiosivina.pdf) sobre la situación de la administración de justicia en el Perú, que se puede resumir en los siguientes problemas que afectan la administración de justicia.
1). Corrupción: Existe una percepción en la población sobre la significativa presencia de la corrupción en el sistema de administración de justicia. Desde la experiencia de la población, sin dinero no se ganan los juicios; La desconfianza que genera el Poder Judicial, lleva a que haya muchas controversias que no llegan a plantearse judicialmente o que muchas quejas por comportamientos cuestionables, tampoco se presenten al saber que no conducirán a nada; Existe una especie de alianza estratégica entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para realizar actos de corrupción, convirtiéndose en las zonas más alejadas, en los dueños y señores de los pueblos, impartiendo justicia sólo para quienes tienen posibilidades económicas.
2). Control interno: Existe ineficiencia de los órganos de control interno para sancionar a los malos jueces, fiscales y policías. Asimismo, impunidad en que queda la corrupción de los operadores de la justicia; Existe respecto al control disciplinario de jueces y fiscales, 2 corrientes, una que postula al interno y el fortalecimiento la OCMA, por otro diversos sectores que postulan más bien “externalizar” el control disciplinario de los magistrados, temerosos del mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público.
3). Acceso a la Justicia: Limitado acceso a la justicia de personas que se encuentran en situación de pobreza tanto en el espacio rural como urbano. En realidad esta es una consecuencia de todas las demás. Entre los problemas más agudos tenemos la falta de jueces de Paz y cuando la hay, falta de capacitación adecuada, carencia total de intérpretes para la zona, a pesar de lo señalado en el artículo 2º inciso 19 de la Constitución Política, la no aplicación y un cierto grado de desconocimiento del peritaje antropológico para el debido juzgamiento en causas donde se involucra ciudadanos nativos.
4). Maltratos en la atención al público: Especialmente a la población usuaria por parte de los funcionarios públicos encargado de impartir justicia, fundamentalmente en pueblos pequeños, contra la población quechua hablante, en zonas de extrema pobreza y poca presencia del Estado; La deficiente atención del usuario que acude al sistema de justicia. No existe un tratamiento adecuado a los ciudadanos nativos que recurren a la administración de justicia; La población de origen campesina se queja de los maltratos que recibe en las diferentes instituciones que componen el sistema de justicia, quienes los discriminan por su vestimenta y por el idioma que hablan.
5). Legitimidad, confianza e imagen social de la justicia: Existe una falta de credibilidad en las instituciones que administran justicia. Se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico más preciso de la problemática de la justicia a nivel local y nacional para identificar las causas de esta situación; Existe impaciencia por parte de la población, y no se entiende que la reforma de la administración de justicia es un problema estructural, y señalan que el país no está preparado para esperar con calma la elaboración de transformaciones de fondo, cuando el país exige respuestas inmediatas. Tampoco se ha asumido el Poder Judicial como un factor de desarrollo nacional social y económico; Continúa el problema histórico de la existencia de una percepción de falta de credibilidad de la administración de justicia, vinculada a que se la aprecia como parcializada con quienes detentan poder político, económico, militar, etc.
6). Justicia, participación ciudadana y sociedad civil: Se debe generar un mecanismo de participación ciudadana para que participe en la vigilancia de la administración de justicia; Se debe establecer mecanismos sociales que permitan que la sociedad civil en general tenga un mayor y mejor conocimiento de las normas legales más importantes; Existe un divorcio entre el sistema formal de la administración y el derecho consuetudinario. La legislación no está pensada para el área rural; Para algunos magistrados, el Poder Judicial frente a la sociedad civil se encuentra aislado, el Poder Judicial es parte de un Estado en crisis, y los diferentes operadores o actores de la justicia, también se encuentran en crisis. También se señala que el sometimiento del Poder Judicial al Poder Político ha generado un costo social indeterminado; El Poder Judicial debe salir de sus salones, oficinas o Salas para ir a tratar directamente con la población, para que ellos tengan confianza con jueces, fiscales y demás autoridades, aunque puede parecer contradictorio sería bueno que escuchemos; Existe un divorcio entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Necesidad de mayor transparencia de la actuación judicial y, en especial, de la necesidad de que determinados fallos controversiales, sean explicados a la opinión pública por el propio Poder Judicial.
Finalmente, es por lo tanto un deber ético y moral participar el próximo 13 de octubre en la Consulta por el Fortalecimiento de la Administración de Justicia, para evaluar objetivamente a los jueces y fiscales del distrito judicial de Arequipa.