Eran los inicios de los años 90´ cuando un grupo de jóvenes profesionales tomamos la decisión de formar una organización no gubernamental a la que denominamos, Instituto Laboral para el Desarrollo Regional (ILDER), la que jurídicamente es una asociación civil privada sin fines de lucro, constituía legalmente un 15 de octubre de 1990. Se encuentra legalmente inscrita en los Registros Públicos de Arequipa.
Fueron los objetivos fundacionales de ILDER: a). Revalorar el aporte del trabajo en la creación de la riqueza y bienestar; b). Contribuir al desarrollo regional, sobre la base de las capacidades y creatividad humana; c). La defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales; d). Promover la igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres trabajadoras; e). Generar espacios de dialogo en la sociedad para una cultura de paz, solidaridad y tolerancia. Para el logro de sus objetivos ha recibido apoyo técnico y económico de la cooperación internacional gubernamental y no gubernamental, especialmente de los Países Bajos, Alemania, Canadá y de organismos multilaterales.
En sus inicios ILDER trabajó la problemática laboral y sindical, especialmente con trabajadores del rubro textil, agroalimentario y de curtiembres. Posteriormente prioriza su trabajo en la problemática de la salud ocupacional y mental de las mujeres obreras. Después de un intenso trabajo de coordinación con la Policía Nacional del Perú, que se complementó con la promoción, capacitación e investigación, se puso en servicio la Comisaria de Mujeres en la ciudad de Arequipa, la misma que se inauguró un 8 de marzo de 1993. Esta Comisaria de Mujeres fue la segunda a nivel nacional y se especializa en la atención de los casos violencia contra las mujeres. Actualmente sigue brindando atención especializada a las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Se trabajaron y apoyaron iniciativas legislativas de ámbito nacional, especialmente para la formulación y aplicación de la Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Intrafamiliar.
A inicios de los años 2000 se da la reorientación en el trabajo de ILDER, se prioriza la problemática del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente la contaminación y degradación ambiental; igualmente se trabajó la generación de oportunidades económicas para las mujeres de los sectores urbanos marginales y rurales, para lo cual se amplió el trabajo a las provincias de Caylloma y Condesuyos, lo que se complementó con el trabajo en los distritos de Paucarpata, Cayma, Cerro Colorado. Mariano Melgar, Miraflores, Jacobo Hunter y Socabaya.
En los últimos años se ha venido trabajando la incidencia política a nivel de la macro región sur, sobre los temas de la contaminación por agroquímicos, transgénicos, fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, empoderamiento y liderazgo de los jóvenes; igualmente se han promovido acciones por interés difuso ante las instancias administrativas y jurisdiccionales en relación al tema del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, particularmente sobre el agua y la diversidad biológica. De otro lado, merece destacarse el trabajo realizado sobre autoestima, liderazgo y ejercicio de los derechos de las mujeres. Igualmente se ha desarrollado un trabajo interesante con jóvenes universitarios.
Estos 22 años de trabajo constante y anónimo nos ha permitido consolidarnos en las mentes y corazones de las personas e instituciones nacionales y extranjeras con las que hemos participado conjuntamente de las múltiples actividades realizadas. Hemos tenido varios integrantes de ILDER, la oportunidad de participar en eventos nacionales y extranjeros, donde se ha presentado logros de trabajo realizado. No hemos estado al servicio de ningún interés mediático, político, social o económico. El cambio de orientación en las prioridades de la cooperación internacional, nos ha obligado también optimizar la gestión por resultados, por lo que queda la satisfacción de los éxitos alcanzados.
ILDER seguirá aportando al desarrollo regional sobre la base de la optimización de recursos, la productividad, calidad y gerencia de los recursos humanos. ILDER seguirá al servicio de los sectores populares, como asociación técnico-profesional, no se identifica con ninguna corriente política, ideológica, religiosa que vayan contra el progreso y desarrollo social de nuestro país. Seguiremos produciendo instrumentos, medios, materiales de capacitación y promoción; Apoyaremos la generación de espacios de encuentro para la reflexión y debate de los distintos sujetos sociales, involucrados en la problemática regional; Apoyaremos campañas, movilizaciones y la constitución de grupos de trabajo por la defensa y condiciones de vida dignas; Elaboraremos propuestas sectoriales sobre la base de diagnósticos e investigaciones especializadas; Mantendremos la autonomía e independencia respecto del Estado, aunque buscaremos coordinar y articular esfuerzos con las diferentes instancias del aparato estatal, para el logro de objetivo comunes.
Si bien los retos en un mundo globalizado e interconectado son nuevos, que requieren de constante innovación, los problemas de nuestra región siguen siendo los mismos, por lo que redoblaremos nuestros esfuerzos con creatividad y productividad.
Consulta por el fortalecimiento de la administración de justicia
Para el próximo 13 de octubre, el Colegio de Abogados de Arequipa ha convocado a una “Consulta por el Fortalecimiento de la Administración de Justicia en Arequipa”, con el objetivo de evaluar con objetividad, transparencia y profesionalismo a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico. Esta consulta se realiza después de 5 años en Arequipa. Se espera que cerca de 400 magistrados entre jueces y fiscales, sean evaluados mediante un sistema electrónico.
Los Colegios de Abogados son responsables del adecuado ejercicio y representatividad de la sociedad civil en la administración de justicia. El abogado representa a la comunidad jurídica y este exige objetividad y transparencia de los encargados de la administración de justicia. Este tipo de evaluación se ajusta a ley, como en cualquier sistema democrático, donde todos somos evaluados por nuestro trabajo.
Sin embargo la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, mediante un comunicado que contiene términos ofensivos, ha rechazado la evaluación propuesta para el próximo 13 de octubre. Vale la ocasión para recordar un diagnostico que en versión digital, llego a mis manos tiempo atrás (www.justiciaviva.org.pe/jvnn/oficiosivina.pdf) sobre la situación de la administración de justicia en el Perú, que se puede resumir en los siguientes problemas que afectan la administración de justicia.
1). Corrupción: Existe una percepción en la población sobre la significativa presencia de la corrupción en el sistema de administración de justicia. Desde la experiencia de la población, sin dinero no se ganan los juicios; La desconfianza que genera el Poder Judicial, lleva a que haya muchas controversias que no llegan a plantearse judicialmente o que muchas quejas por comportamientos cuestionables, tampoco se presenten al saber que no conducirán a nada; Existe una especie de alianza estratégica entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para realizar actos de corrupción, convirtiéndose en las zonas más alejadas, en los dueños y señores de los pueblos, impartiendo justicia sólo para quienes tienen posibilidades económicas.
2). Control interno: Existe ineficiencia de los órganos de control interno para sancionar a los malos jueces, fiscales y policías. Asimismo, impunidad en que queda la corrupción de los operadores de la justicia; Existe respecto al control disciplinario de jueces y fiscales, 2 corrientes, una que postula al interno y el fortalecimiento la OCMA, por otro diversos sectores que postulan más bien “externalizar” el control disciplinario de los magistrados, temerosos del mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público.
3). Acceso a la Justicia: Limitado acceso a la justicia de personas que se encuentran en situación de pobreza tanto en el espacio rural como urbano. En realidad esta es una consecuencia de todas las demás. Entre los problemas más agudos tenemos la falta de jueces de Paz y cuando la hay, falta de capacitación adecuada, carencia total de intérpretes para la zona, a pesar de lo señalado en el artículo 2º inciso 19 de la Constitución Política, la no aplicación y un cierto grado de desconocimiento del peritaje antropológico para el debido juzgamiento en causas donde se involucra ciudadanos nativos.
4). Maltratos en la atención al público: Especialmente a la población usuaria por parte de los funcionarios públicos encargado de impartir justicia, fundamentalmente en pueblos pequeños, contra la población quechua hablante, en zonas de extrema pobreza y poca presencia del Estado; La deficiente atención del usuario que acude al sistema de justicia. No existe un tratamiento adecuado a los ciudadanos nativos que recurren a la administración de justicia; La población de origen campesina se queja de los maltratos que recibe en las diferentes instituciones que componen el sistema de justicia, quienes los discriminan por su vestimenta y por el idioma que hablan.
5). Legitimidad, confianza e imagen social de la justicia: Existe una falta de credibilidad en las instituciones que administran justicia. Se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico más preciso de la problemática de la justicia a nivel local y nacional para identificar las causas de esta situación; Existe impaciencia por parte de la población, y no se entiende que la reforma de la administración de justicia es un problema estructural, y señalan que el país no está preparado para esperar con calma la elaboración de transformaciones de fondo, cuando el país exige respuestas inmediatas. Tampoco se ha asumido el Poder Judicial como un factor de desarrollo nacional social y económico; Continúa el problema histórico de la existencia de una percepción de falta de credibilidad de la administración de justicia, vinculada a que se la aprecia como parcializada con quienes detentan poder político, económico, militar, etc.
6). Justicia, participación ciudadana y sociedad civil: Se debe generar un mecanismo de participación ciudadana para que participe en la vigilancia de la administración de justicia; Se debe establecer mecanismos sociales que permitan que la sociedad civil en general tenga un mayor y mejor conocimiento de las normas legales más importantes; Existe un divorcio entre el sistema formal de la administración y el derecho consuetudinario. La legislación no está pensada para el área rural; Para algunos magistrados, el Poder Judicial frente a la sociedad civil se encuentra aislado, el Poder Judicial es parte de un Estado en crisis, y los diferentes operadores o actores de la justicia, también se encuentran en crisis. También se señala que el sometimiento del Poder Judicial al Poder Político ha generado un costo social indeterminado; El Poder Judicial debe salir de sus salones, oficinas o Salas para ir a tratar directamente con la población, para que ellos tengan confianza con jueces, fiscales y demás autoridades, aunque puede parecer contradictorio sería bueno que escuchemos; Existe un divorcio entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Necesidad de mayor transparencia de la actuación judicial y, en especial, de la necesidad de que determinados fallos controversiales, sean explicados a la opinión pública por el propio Poder Judicial.
Finalmente, es por lo tanto un deber ético y moral participar el próximo 13 de octubre en la Consulta por el Fortalecimiento de la Administración de Justicia, para evaluar objetivamente a los jueces y fiscales del distrito judicial de Arequipa.
Los Colegios de Abogados son responsables del adecuado ejercicio y representatividad de la sociedad civil en la administración de justicia. El abogado representa a la comunidad jurídica y este exige objetividad y transparencia de los encargados de la administración de justicia. Este tipo de evaluación se ajusta a ley, como en cualquier sistema democrático, donde todos somos evaluados por nuestro trabajo.
Sin embargo la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, mediante un comunicado que contiene términos ofensivos, ha rechazado la evaluación propuesta para el próximo 13 de octubre. Vale la ocasión para recordar un diagnostico que en versión digital, llego a mis manos tiempo atrás (www.justiciaviva.org.pe/jvnn/oficiosivina.pdf) sobre la situación de la administración de justicia en el Perú, que se puede resumir en los siguientes problemas que afectan la administración de justicia.
1). Corrupción: Existe una percepción en la población sobre la significativa presencia de la corrupción en el sistema de administración de justicia. Desde la experiencia de la población, sin dinero no se ganan los juicios; La desconfianza que genera el Poder Judicial, lleva a que haya muchas controversias que no llegan a plantearse judicialmente o que muchas quejas por comportamientos cuestionables, tampoco se presenten al saber que no conducirán a nada; Existe una especie de alianza estratégica entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para realizar actos de corrupción, convirtiéndose en las zonas más alejadas, en los dueños y señores de los pueblos, impartiendo justicia sólo para quienes tienen posibilidades económicas.
2). Control interno: Existe ineficiencia de los órganos de control interno para sancionar a los malos jueces, fiscales y policías. Asimismo, impunidad en que queda la corrupción de los operadores de la justicia; Existe respecto al control disciplinario de jueces y fiscales, 2 corrientes, una que postula al interno y el fortalecimiento la OCMA, por otro diversos sectores que postulan más bien “externalizar” el control disciplinario de los magistrados, temerosos del mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público.
3). Acceso a la Justicia: Limitado acceso a la justicia de personas que se encuentran en situación de pobreza tanto en el espacio rural como urbano. En realidad esta es una consecuencia de todas las demás. Entre los problemas más agudos tenemos la falta de jueces de Paz y cuando la hay, falta de capacitación adecuada, carencia total de intérpretes para la zona, a pesar de lo señalado en el artículo 2º inciso 19 de la Constitución Política, la no aplicación y un cierto grado de desconocimiento del peritaje antropológico para el debido juzgamiento en causas donde se involucra ciudadanos nativos.
4). Maltratos en la atención al público: Especialmente a la población usuaria por parte de los funcionarios públicos encargado de impartir justicia, fundamentalmente en pueblos pequeños, contra la población quechua hablante, en zonas de extrema pobreza y poca presencia del Estado; La deficiente atención del usuario que acude al sistema de justicia. No existe un tratamiento adecuado a los ciudadanos nativos que recurren a la administración de justicia; La población de origen campesina se queja de los maltratos que recibe en las diferentes instituciones que componen el sistema de justicia, quienes los discriminan por su vestimenta y por el idioma que hablan.
5). Legitimidad, confianza e imagen social de la justicia: Existe una falta de credibilidad en las instituciones que administran justicia. Se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico más preciso de la problemática de la justicia a nivel local y nacional para identificar las causas de esta situación; Existe impaciencia por parte de la población, y no se entiende que la reforma de la administración de justicia es un problema estructural, y señalan que el país no está preparado para esperar con calma la elaboración de transformaciones de fondo, cuando el país exige respuestas inmediatas. Tampoco se ha asumido el Poder Judicial como un factor de desarrollo nacional social y económico; Continúa el problema histórico de la existencia de una percepción de falta de credibilidad de la administración de justicia, vinculada a que se la aprecia como parcializada con quienes detentan poder político, económico, militar, etc.
6). Justicia, participación ciudadana y sociedad civil: Se debe generar un mecanismo de participación ciudadana para que participe en la vigilancia de la administración de justicia; Se debe establecer mecanismos sociales que permitan que la sociedad civil en general tenga un mayor y mejor conocimiento de las normas legales más importantes; Existe un divorcio entre el sistema formal de la administración y el derecho consuetudinario. La legislación no está pensada para el área rural; Para algunos magistrados, el Poder Judicial frente a la sociedad civil se encuentra aislado, el Poder Judicial es parte de un Estado en crisis, y los diferentes operadores o actores de la justicia, también se encuentran en crisis. También se señala que el sometimiento del Poder Judicial al Poder Político ha generado un costo social indeterminado; El Poder Judicial debe salir de sus salones, oficinas o Salas para ir a tratar directamente con la población, para que ellos tengan confianza con jueces, fiscales y demás autoridades, aunque puede parecer contradictorio sería bueno que escuchemos; Existe un divorcio entre el sistema de justicia y los ciudadanos. Necesidad de mayor transparencia de la actuación judicial y, en especial, de la necesidad de que determinados fallos controversiales, sean explicados a la opinión pública por el propio Poder Judicial.
Finalmente, es por lo tanto un deber ético y moral participar el próximo 13 de octubre en la Consulta por el Fortalecimiento de la Administración de Justicia, para evaluar objetivamente a los jueces y fiscales del distrito judicial de Arequipa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)