La Constitución Política del Perú y la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente (LGA), recogen e incorporan la tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales, así como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de promover una gestión ambiental efectiva que comprenda la salud de las personas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos. Asimismo en su artículo 67 la Constitución Política, establece que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales.
La LGA define a la gestión ambiental como un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.
Igualmente el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en materia ambiental. El SNGA se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. El Ministerio del Ambiente (MINAM) el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Los instrumentos de gestión ambiental vienen a ser los mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental. Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros.
Específicamente se considera como instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los planes de cierre; los planes de contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; los límites máximos permisibles; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación entre otros.
Corresponde al Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Igualmente en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los demás programas y compromisos.
En el reporte del MINAM del año 2010, denominado “Informe situacional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 2010”, pone al desnudo la principal debilidad en la región y provincia de Arequipa. En materia de gestión ambiental estamos a la deriva porque los principales instrumentos de gestión y planificación ambiental (Política Ambiental, Agenda Ambiental y Plan de Acción Ambiental) están desactualizados o no funcionan. En lo que respecta a las estrategias sobre adaptación al cambio climático, conservación de la diversidad biológica, estrategia de lucha contra de desertificación y sequia, muy poco se ha realizado o avanzado. La institucionalidad ambiental es muy débil, desarticulada e interesada. Solo diez distritos de la provincia de Arequipa cuentan con sus respectivos sistemas locales de gestión ambiental funcionando. Eso sí, en las instituciones públicas contamos con kilos de documentos sobre estudios, diagnósticos y buenas intenciones, pero en concreto es poco lo avanzado.
Por el lado de los problemas ambientales específicos en Arequipa, seguimos con la severa contaminación del rio Chili; contaminación del aire se ha incrementado en la ciudad; continua inadecuada gestión de residuos sólidos; la depredación de la campiña avanza inconteniblemente; el uso de agroquímicos es indiscriminado y sin control; las invasiones y la falta de planificación del crecimiento urbano es el común denominador; el servicios de transporte público es un caos y altamente contaminante; el desarrollo y progreso de la ciudad es entiendo como pistas, veredas e intercambios viales; la contaminación y degradación ambiental en general van a seguir avanzando, porque no funcionan el sistema regional y local de gestión ambiental, en mi opinión allí está el gran problema de Arequipa, eso por culpa de autoridades mediocres, incapaces y cortoplacistas.
Lucha contra la Desertificación y Sequia
En 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas designó día el 17 de junio como el "Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía". Ese día recuerda el aniversario de la adopción de la Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequia. Este instrumento internacional ha sido suscrito y ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26536. Para el 2012 la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación se realizará una semana antes de la Conferencia Río +20, en Río de Janeiro, Brasil, bajo el lema “Crear el futuro que queremos”, se busca preservar la tierra no degradada y el suelo, así como equilibrar la degradación de las tierras con la recuperación de una cantidad igual de las tierras degradadas.
En el marco de la Convención se entiende por “desertificación” a la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas, resultante de diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades humanas. La “lucha contra la desertificación” son las actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas para el desarrollo sostenible y para lograr: a). La prevención o reducción de la degradación de las tierras; b). La rehabilitación de las tierras parcialmente degradadas; c). La recuperación de tierras desertificadas. Por “sequía” se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras.
Por “degradación de tierras” se entiende la reducción o la perdida de la productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en tierras áridas, semiáridas y subhumedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como: a). La erosión del suelo causada por el viento o el agua; b). El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo; y, c). La perdida duradera de vegetación natural. Las “zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas” aquellas zonas en la que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0.05 y 0.65 milímetros de precipitación, excluidas las regiones polares y subpolares.
A nivel mundial la degradación de las tierras secas amenaza la subsistencia de más de 900 millones de personas en unos 100 países. El proceso afecta a un 25% de la superficie terrestre, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta situación es especialmente grave en el África donde el 66% de sus tierras son secas.
El Perú es particularmente sensible a los procesos de desertificación, ya que aproximadamente el 36% de su territorio se encuentra en la categoría de las tierras áridas, semiáridas y subhumedas secas. En estas tierras vive el 84% de la población y allí se desarrollan el 90% de las actividades económicas y productivas. Por factores naturales la disponibilidad del recurso hídrico superficial es mayor en la vertiente del Atlántico (98%), seguida de la disponibilidad de agua en la vertiente del Pacifico (1.7%) y del Titicaca (0.3%).
El año 2001 se constituyo en Arequipa un Grupo Técnico para elaborar el Plan de Lucha contra la Desertificación y Sequia en Arequipa, donde se avanzo en la elaboración de un plan de trabajo, priorizando las áreas con mayores avances en la desertificación, se identificaron alternativas de solución en los aspectos técnicos y de gestión y se propuso la creación de la Asociación Regional Sur de Lucha contra la Desertificación y Sequía (ARSULDES).
La región Arequipa al encontrase dentro del área de influencia del desierto de Atacama, la disponibilidad del recurso hídrico no son suficientes para abastecer al requerimiento poblacional, agropecuario, industrial, minero etc. El acceso a los recursos hídricos es vulnerable por el permanente por el incremento demográfico, lo que hace que el requerimiento de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica se incremente en forma geométrica, hay que precisar que la vulnerabilidad y riesgo de las fuentes de agua se incrementa, con el deseo de los pobladores de mejorar sus condiciones socio económicas, a través de la adecuación de nuevos sistemas productivos como la ampliación de la frontera agrícola o la ampliación de las zonas urbanas, creando una alta presión a las fuentes de agua, así mismo se ejerce la presión natural por el calentamiento global que viene alterando los procesos climáticos normales, lo cual ahondan aun más el problema por la elevada evaporación y riguroso requerimiento de la flora existente.
Finalmente entre el 23 al 25 de junio se realizara en Arequipa el “Curso de Inducción a la Gestión de Cambio Climático y Desertificación”, el cual considera la participación de las regiones Puno, Cuzco, Apurímac, Arequipa, Tacna y Moquegua, quienes conforman la ARSULDES, se espera que no sea una reunión mas de las tantas improductivas que se han realizado sobre éste tema.
En el marco de la Convención se entiende por “desertificación” a la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas, resultante de diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades humanas. La “lucha contra la desertificación” son las actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas para el desarrollo sostenible y para lograr: a). La prevención o reducción de la degradación de las tierras; b). La rehabilitación de las tierras parcialmente degradadas; c). La recuperación de tierras desertificadas. Por “sequía” se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras.
Por “degradación de tierras” se entiende la reducción o la perdida de la productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en tierras áridas, semiáridas y subhumedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como: a). La erosión del suelo causada por el viento o el agua; b). El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo; y, c). La perdida duradera de vegetación natural. Las “zonas áridas, semiáridas y subhumedas secas” aquellas zonas en la que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0.05 y 0.65 milímetros de precipitación, excluidas las regiones polares y subpolares.
A nivel mundial la degradación de las tierras secas amenaza la subsistencia de más de 900 millones de personas en unos 100 países. El proceso afecta a un 25% de la superficie terrestre, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta situación es especialmente grave en el África donde el 66% de sus tierras son secas.
El Perú es particularmente sensible a los procesos de desertificación, ya que aproximadamente el 36% de su territorio se encuentra en la categoría de las tierras áridas, semiáridas y subhumedas secas. En estas tierras vive el 84% de la población y allí se desarrollan el 90% de las actividades económicas y productivas. Por factores naturales la disponibilidad del recurso hídrico superficial es mayor en la vertiente del Atlántico (98%), seguida de la disponibilidad de agua en la vertiente del Pacifico (1.7%) y del Titicaca (0.3%).
El año 2001 se constituyo en Arequipa un Grupo Técnico para elaborar el Plan de Lucha contra la Desertificación y Sequia en Arequipa, donde se avanzo en la elaboración de un plan de trabajo, priorizando las áreas con mayores avances en la desertificación, se identificaron alternativas de solución en los aspectos técnicos y de gestión y se propuso la creación de la Asociación Regional Sur de Lucha contra la Desertificación y Sequía (ARSULDES).
La región Arequipa al encontrase dentro del área de influencia del desierto de Atacama, la disponibilidad del recurso hídrico no son suficientes para abastecer al requerimiento poblacional, agropecuario, industrial, minero etc. El acceso a los recursos hídricos es vulnerable por el permanente por el incremento demográfico, lo que hace que el requerimiento de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica se incremente en forma geométrica, hay que precisar que la vulnerabilidad y riesgo de las fuentes de agua se incrementa, con el deseo de los pobladores de mejorar sus condiciones socio económicas, a través de la adecuación de nuevos sistemas productivos como la ampliación de la frontera agrícola o la ampliación de las zonas urbanas, creando una alta presión a las fuentes de agua, así mismo se ejerce la presión natural por el calentamiento global que viene alterando los procesos climáticos normales, lo cual ahondan aun más el problema por la elevada evaporación y riguroso requerimiento de la flora existente.
Finalmente entre el 23 al 25 de junio se realizara en Arequipa el “Curso de Inducción a la Gestión de Cambio Climático y Desertificación”, el cual considera la participación de las regiones Puno, Cuzco, Apurímac, Arequipa, Tacna y Moquegua, quienes conforman la ARSULDES, se espera que no sea una reunión mas de las tantas improductivas que se han realizado sobre éste tema.
Entre fantoches, estólidos y falsos
A propósito de los últimos sucesos ocurridos en Espinar y Cajamarca, he tenido la oportunidad de ver, escuchar y leer a los sesudos “analistas” más prestigiados del país, quienes trataban de lucirse con sus análisis e interpretaciones. Hay un fantoche que en televisión por cable dijo tal cantidad de barbaridades, que me obliga por catarsis a hacer algunos deslindes. El sujeto en mención -que según él, trabajó para los servicios de seguridad e inteligencia nacional- afirma que el “movimiento ambientalista es una forma soterrada de subversión”, “que la ignorancia de algunos sectores de la población es el caldo de cultivo para las protestas socio ambientales”, “que importa la defensa y protección del medio ambiente, cuando lo que necesitamos en mas inversión”, “que se debe meter a la cárcel a los ambientalistas” “que se deben eliminar los estudios de impactos ambiental” y otras sandeces que prefiero no seguir.
Pero también se han escuchado opiniones de algunas autoridades y dirigentes populares de las protestas, que bajo el argumento de la contaminación ambiental, reclaman más dinero como una forma de compensación por los supuestos daños ocasionados en el medio ambiente, se denuncian supuestos hechos de contaminación ambiental sin ofrecer pruebas al respecto, se chantajea e intimida a autoridades e instituciones para que acepten sus pedidos, se manipula y desinforma groseramente, bajo las banderas de una seudo defensa del medio ambiente. Frente a la soberbia, mediocridad, ignorancia, tratare de marcar la diferencia con ambos extremos, en la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano, saludable y ecológicamente equilibrado.
El “ambiente” viene a ser todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos bióticos y abióticos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), así como los componentes sociales (cultura, ideología y la economía). Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de “desarrollo sostenible”; esta relación nos permite entender los problemas ambientales para garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.
Una importante vertiente del movimiento ambientalista contemporáneo, se nutre de la llamada “crítica social”, más comprometida con la dimensión social de la sostenibilidad en lo económico, social y ambiental, que a su vez sea soportable, viable y equitativo; es solidario con los países y sectores pobres; cuestiona las bases del crecimiento económico sin redistribución; la utilización y aprovechamiento irracional de los recursos naturales; se cuestiona el individualismo e egoísmo neoliberal. La conciencia ambientalista se va perfilando a partir de esa percepción de los efectos negativos de proceso de crecimiento e inversión, que no llega a todos y todas, haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, aunque los adulones, arribistas y bellacos defienda el status quo y atacan a los defensores del medio ambiente.
El reclamo y protesta de importantes sectores de la población tienen sustento en cierta forma, el problema está en la manera como se dirige y canaliza ese justo reclamo. Ahí entran a tallar los liderazgos de los seudo ambientalistas, que hasta hace algunos años “confundían un poste con árbol”, ahora son los defensores a ultranza del medio ambiente y los recursos naturales. Solo buscan el protagonismo mediático y obtener beneficios económicos y/o personales a cambio de la supuesta contaminación ambiental denunciada, la defensa del medio ambiente es solo un pretexto. Hay que desenmascarar a estos picaros, embusteros, inmorales y seudoambientalistas.
Por el lado de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, recogen e incorporan la tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales, así como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de promover una gestión ambiental efectiva que comprenda la salud de las personas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos. Un elemento clave es la gestión del medio ambiente, por ello uno de los objetivos prioritarios de la gestión ambiental en el Perú, es la prevención, el control y la vigilancia para evitar la degradación y contaminación ambiental. La lucha por un medio ambiente sano y saludable es irrenunciable, pero tiene que hacerse con las herramientas democráticas de un estado de derecho, que tenga a su base la información oportuna y confiable, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la tolerancia y respeto a las diferencias. Todo ello desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
Seguramente este articulo despertará iras y pasiones, pero como escribía el gran poeta arequipeño Alberto Hidalgo en 1937, en el Diario de mi Sentimiento, Buenos Aires, edición privada, pp. 149-156, los vocablos gruesos -utilizados en éste articulo- no están en la lengua para abultar el tomo del diccionario, sino para que, ante el motivo miserable, el escritor pueda alzarlos hasta la altura del arte.
Pero también se han escuchado opiniones de algunas autoridades y dirigentes populares de las protestas, que bajo el argumento de la contaminación ambiental, reclaman más dinero como una forma de compensación por los supuestos daños ocasionados en el medio ambiente, se denuncian supuestos hechos de contaminación ambiental sin ofrecer pruebas al respecto, se chantajea e intimida a autoridades e instituciones para que acepten sus pedidos, se manipula y desinforma groseramente, bajo las banderas de una seudo defensa del medio ambiente. Frente a la soberbia, mediocridad, ignorancia, tratare de marcar la diferencia con ambos extremos, en la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano, saludable y ecológicamente equilibrado.
El “ambiente” viene a ser todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos bióticos y abióticos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), así como los componentes sociales (cultura, ideología y la economía). Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de “desarrollo sostenible”; esta relación nos permite entender los problemas ambientales para garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.
Una importante vertiente del movimiento ambientalista contemporáneo, se nutre de la llamada “crítica social”, más comprometida con la dimensión social de la sostenibilidad en lo económico, social y ambiental, que a su vez sea soportable, viable y equitativo; es solidario con los países y sectores pobres; cuestiona las bases del crecimiento económico sin redistribución; la utilización y aprovechamiento irracional de los recursos naturales; se cuestiona el individualismo e egoísmo neoliberal. La conciencia ambientalista se va perfilando a partir de esa percepción de los efectos negativos de proceso de crecimiento e inversión, que no llega a todos y todas, haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, aunque los adulones, arribistas y bellacos defienda el status quo y atacan a los defensores del medio ambiente.
El reclamo y protesta de importantes sectores de la población tienen sustento en cierta forma, el problema está en la manera como se dirige y canaliza ese justo reclamo. Ahí entran a tallar los liderazgos de los seudo ambientalistas, que hasta hace algunos años “confundían un poste con árbol”, ahora son los defensores a ultranza del medio ambiente y los recursos naturales. Solo buscan el protagonismo mediático y obtener beneficios económicos y/o personales a cambio de la supuesta contaminación ambiental denunciada, la defensa del medio ambiente es solo un pretexto. Hay que desenmascarar a estos picaros, embusteros, inmorales y seudoambientalistas.
Por el lado de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, recogen e incorporan la tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales, así como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de promover una gestión ambiental efectiva que comprenda la salud de las personas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos. Un elemento clave es la gestión del medio ambiente, por ello uno de los objetivos prioritarios de la gestión ambiental en el Perú, es la prevención, el control y la vigilancia para evitar la degradación y contaminación ambiental. La lucha por un medio ambiente sano y saludable es irrenunciable, pero tiene que hacerse con las herramientas democráticas de un estado de derecho, que tenga a su base la información oportuna y confiable, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la tolerancia y respeto a las diferencias. Todo ello desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
Seguramente este articulo despertará iras y pasiones, pero como escribía el gran poeta arequipeño Alberto Hidalgo en 1937, en el Diario de mi Sentimiento, Buenos Aires, edición privada, pp. 149-156, los vocablos gruesos -utilizados en éste articulo- no están en la lengua para abultar el tomo del diccionario, sino para que, ante el motivo miserable, el escritor pueda alzarlos hasta la altura del arte.
La Fiscalía Penal Ambiental de Arequipa
Este último viernes juramento nuevamente el fiscal Neil Tejada Pacheco, como Fiscal Penal Especializado en Materia Ambiental de Arequipa, después que fuera cesado en su cargo hace un mes aproximadamente, ya que estuvo en su cargo desde el año 2008 como Fiscal Provisional. Según se conoce ésta nueva designación es por 3 meses aproximadamente, mientras termine el concurso para la designación de un Fiscal Titular. Este nombramiento ha sido mediante resolución del Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales. ¿Por qué estas idas y venidas? ¿El tema ambiental no merece tratarse con más seriedad en Arequipa?. Personalmente no entiendo el proceder de la Fiscalía de la Nación, la opinión pública arequipeña merece una explicación. En mi caso voy a solicitar por escrito, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los documentos del cese y nombramiento para ver que está pasando.
Es bueno recordar que mediante Resolución N°038-2008-MP-FN-JFS de la Junta de Fiscales Supremos, de marzo del año 2008, se crearon las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, con competencia para prevenir e investigar delitos, las mismas que empezaron a funcionar en los Distritos Judiciales de: Tumbes, Piura y Lambayeque, con sede en Piura; Loreto; Cajamarca, Amazonas y San Martín, con sede Amazonas; Ucayali; Junín y Huánuco, con sede en Huancayo; Arequipa, Tacna y Moquegua, con sede en Arequipa; Cuzco y Madre de Dios, con sede en Arequipa; Puno; Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, con sede en Ayacucho; Lima. En el caso de Fiscalía Ambiental con sede en Arequipa, posteriormente su ámbito de acción solo sería la región Arequipa.
La citada norma advertía que el incremento de las denuncias vinculadas a la afectación del medio ambiente, estaba generando resultados negativos, con grave perjuicio para la salud y vida de los ciudadanos, por ello, dada la especialidad del tema ambiental, se hace necesario crear Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, con competencia no solo a la persecución penal en dicha materia, sino además en prevenir su perpetración. De esa forma el Ministerio Público como organismo constitucional autónomo del Estado, cumple con su rol de defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, dirige la investigación del delito y es el titular de la acción penal, conforme lo establece los artículos 158 y 159 de la
Constitución Política del Estado.
Complementariamente a la decisión del Ministerio Publico, en el año 2008 se aprobó la Ley Nº 29263, mediante la cual se modifico el Código Penal Peruano, específicamente el Titulo XIII del Libro Segundo, aquí se establecen y tipifican de manera indubitable los llamados delitos ambientales, los delitos contra los recursos naturales, la responsabilidad funcional e información falsa, las medidas cautelares y exclusión o reducción de penas. Se supera así las denominación anterior de los Delitos contra la Ecología, donde las penas eran muy benignas para los contaminadores.
Es en ese contexto que la creación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se constituye en una necesidad y permite que el Ministerio Publico pueda cumplir con el mandato de su ley orgánica, para la persecución de los delitos ambientales y atentado a los recurso naturales. Sin embargo pese a la trascendencia de estas fiscalías especializadas, en mi opinión los resultados conocidos son modestos e intrascendentes, especialmente por la falta de preparación técnica y científica en temas ambientales de sus operadores, también cuenta el poco presupuesto e infraestructura adecuada, otro problema importante es desconocimiento de las autoridades locales, regionales y sectoriales de sus obligaciones ambientales, por el lado de la población existe preocupación por la problemática ambiental, pero sin mayor compromiso de accionar ciudadano.
Volviendo a la Fiscalía Penal Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, pese a los buenos intentos de su titular, los resultados de gestión muestran frustración, especialmente por el desencuentro permanente con las autoridades locales en el caso de las obras emblemáticas para la ciudad. Igualmente no se conocen casos donde hayan sido sancionados los grandes contaminadores del medio ambiente, falto mayor decisión para enfrentarse al poder fáctico. Los depredadores de los recursos naturales no han sido tocados, excepto pescadores artesanales. Es necesario que esta fiscalía especializada tenga los recursos logísticos e infraestructura necesaria para realizar su trabajo en las demás provincias de Arequipa. También se necesita contar con un equipo de apoyo técnico multidisciplinario.
En conclusión, es urgente tener que revitalizar la Fiscalía Penal Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, menos protagonismo mediático y mayor efectividad puede ser el primer paso.
Es bueno recordar que mediante Resolución N°038-2008-MP-FN-JFS de la Junta de Fiscales Supremos, de marzo del año 2008, se crearon las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, con competencia para prevenir e investigar delitos, las mismas que empezaron a funcionar en los Distritos Judiciales de: Tumbes, Piura y Lambayeque, con sede en Piura; Loreto; Cajamarca, Amazonas y San Martín, con sede Amazonas; Ucayali; Junín y Huánuco, con sede en Huancayo; Arequipa, Tacna y Moquegua, con sede en Arequipa; Cuzco y Madre de Dios, con sede en Arequipa; Puno; Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, con sede en Ayacucho; Lima. En el caso de Fiscalía Ambiental con sede en Arequipa, posteriormente su ámbito de acción solo sería la región Arequipa.
La citada norma advertía que el incremento de las denuncias vinculadas a la afectación del medio ambiente, estaba generando resultados negativos, con grave perjuicio para la salud y vida de los ciudadanos, por ello, dada la especialidad del tema ambiental, se hace necesario crear Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, con competencia no solo a la persecución penal en dicha materia, sino además en prevenir su perpetración. De esa forma el Ministerio Público como organismo constitucional autónomo del Estado, cumple con su rol de defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, dirige la investigación del delito y es el titular de la acción penal, conforme lo establece los artículos 158 y 159 de la
Constitución Política del Estado.
Complementariamente a la decisión del Ministerio Publico, en el año 2008 se aprobó la Ley Nº 29263, mediante la cual se modifico el Código Penal Peruano, específicamente el Titulo XIII del Libro Segundo, aquí se establecen y tipifican de manera indubitable los llamados delitos ambientales, los delitos contra los recursos naturales, la responsabilidad funcional e información falsa, las medidas cautelares y exclusión o reducción de penas. Se supera así las denominación anterior de los Delitos contra la Ecología, donde las penas eran muy benignas para los contaminadores.
Es en ese contexto que la creación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se constituye en una necesidad y permite que el Ministerio Publico pueda cumplir con el mandato de su ley orgánica, para la persecución de los delitos ambientales y atentado a los recurso naturales. Sin embargo pese a la trascendencia de estas fiscalías especializadas, en mi opinión los resultados conocidos son modestos e intrascendentes, especialmente por la falta de preparación técnica y científica en temas ambientales de sus operadores, también cuenta el poco presupuesto e infraestructura adecuada, otro problema importante es desconocimiento de las autoridades locales, regionales y sectoriales de sus obligaciones ambientales, por el lado de la población existe preocupación por la problemática ambiental, pero sin mayor compromiso de accionar ciudadano.
Volviendo a la Fiscalía Penal Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, pese a los buenos intentos de su titular, los resultados de gestión muestran frustración, especialmente por el desencuentro permanente con las autoridades locales en el caso de las obras emblemáticas para la ciudad. Igualmente no se conocen casos donde hayan sido sancionados los grandes contaminadores del medio ambiente, falto mayor decisión para enfrentarse al poder fáctico. Los depredadores de los recursos naturales no han sido tocados, excepto pescadores artesanales. Es necesario que esta fiscalía especializada tenga los recursos logísticos e infraestructura necesaria para realizar su trabajo en las demás provincias de Arequipa. También se necesita contar con un equipo de apoyo técnico multidisciplinario.
En conclusión, es urgente tener que revitalizar la Fiscalía Penal Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, menos protagonismo mediático y mayor efectividad puede ser el primer paso.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)